Este sábado 16 de Octubre de 2010 Arcópoli, con la colaboración de la FELGTB y de la Fundación Triángulo, quiere convocar a la sociedad civil española a las puertas de la sede estatal del Partido Popular para mostrar nuestro malestar por el mantenimiento durante más de 5 años del recurso de inconstitucionalidad contra la ley 13/2005.
El 28 de Septiembre de 2005, Ignacio Astarloa, en nombre del Partido Popular, interpuso un recurso contra la ley de reforma del Código Civil que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, independientemente de su orientación sexual, ley que dotaba de un derecho constitucional a una parte de la sociedad, a la que se le había hurtado esta opción. El Recurso fue firmado por más de 50 diputados del Partido Popular y solicita la anulación total de la ley que permite el matrimonio.
El 28 de Septiembre de 2005, Ignacio Astarloa, en nombre del Partido Popular, interpuso un recurso contra la ley de reforma del Código Civil que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, independientemente de su orientación sexual, ley que dotaba de un derecho constitucional a una parte de la sociedad, a la que se le había hurtado esta opción. El Recurso fue firmado por más de 50 diputados del Partido Popular y solicita la anulación total de la ley que permite el matrimonio.Para el colectivo LGTB, este recurso es un ataque contra nuestra dignidad, un recurso donde hablan de que la ampliación del derecho es una manipulación y una desnaturalización del matrimonio, cuando la única intención es ampliar los derechos a una parte de la sociedad que actualmente se encontraba desprotegida.
Por todo ello, para solicitar al Partido Popular que retire el Recurso de Inconstitucionalidad, Arcópoli llama a las personas que creen en la libertad y la diversidad a concentrarnos el sábado 16 de Octubre a las 13:00 a las puertas de la sede del Partido Popular en la Calle Génova 13.
No es una concentración en contra del Partido Popular, sino en contra de una acción política concreta como es la interposición y el mantenimiento del recurso de inconstitucionalidad por un espacio de más de 5 años, una acción que ha sido criticada incluso dentro de las filas del propio partido por personas como la Presidenta de la Comunidad de Madrid o el Presidente de la Comunidad de Galicia.
